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La Salud en el Paro Nacional

El Comité Nacional de Paro está constituido por una coalición político social que convocó las multitudinarias movilizaciones que se presentaron en todo el país. En ese contexto, el Gobierno del Presidente Duque debe dar paso a la apertura para una negociación de las peticiones. En el caso del sector salud, este construyó un acuerdo programático representado en 5 puntos, que en mi opinión, recogen los principales demandas sociales de la salud de los colombianos, y superan la tentación de construir un pliego de peticiones, fundamentado en demandas particulares de carácter gremial o corporativo, que terminan generando un árbol de navidad, fragmentando a las organizaciones en negociaciones sobre sus asuntos particulares. La agenda de negociación debe abordar los grandes problemas de la salud de todos los colombianos.

En una entrevista radial reciente, Diego Molano, vocero del gobierno, insistía en que el pliego de peticiones del Comité contiene una serie de asuntos que conciernen al cambio de modelo y asuntos que en su concepto son inconstitucionales. Por supuesto, que el pliego tiene que fijar posición política sobre el cambio de modelo en distintos sectores, porque exactamente las demandas ciudadanas que se expresa en las calles tienen que ver con el modelo neoliberal, que está haciendo agua en el planeta. El caso más representativo, se encuentra en las enormes movilizaciones de Chile, primordio del modelo económico en cuestión, instaurado a sangre y fuego durante la dictadura de Pinochet en la década de los 70.

En cuanto al tema de salud, si algún asunto es inconstitucional el día de hoy, es la ley 100 de 1993, que comenzó a desmontarse, cuando fue aprobada la ley estatutaria de salud 1751 de 2015, que por cierto, el Presidente Santos, aconsejado por su entonces Ministro Alejandro Gaviria,  se negó a sancionar cuando advirtió el carácter garantista de la misma. Fue una constitución en renuencia instaurada por diversas organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales, la que obligó a que finalmente la ley fuera sancionada a regañadientes, por el Presidente de la República y del Congreso. Lo que siguió fue una tramposa contrarreforma a la ley estatutaria, inhabilitándola mediante la expedición de decretos y resoluciones ministeriales, que la usaban como encabezado, pero que a renglón seguido, procedían a introducir todas las medidas regresivas de la ley 100 para sepultar en una reglamentación espurea, el máximo logro del movimiento social de la salud,  en cuanto al establecimiento legal y constitucional del Derecho Fundamental a la Salud. Este marco, es el instrumento central para la discusión de cualquier reforma a la salud en Colombia y medidas de política pública.

En cuanto a la agenda del paro, este introdujo este tema como uno de sus puntos, además de otros 4 que tienen relación con este tópico. Me propongo hacer una sucinta explicación de cada uno de estos puntos que serán desarrollados con mayor profundidad en posteriores escritos. Esto con el objetivo de abrir un debate público sobre los mismos.

  1. Financiación directa de los Hospitales Públicos por parte del Estado: Uno de los temas que logró el arreglo institucional de la ley 100 de 1993, consistió en marchitar la red de hospitales públicos, que se extendía en todo el territorio nacional. Esto se dio mediante medidas que condujeron a la empresarización de los mismos, es decir, los hospitales deben permanecer abiertos 24 horas con servicios disponibles en todo el país, pero deben lograr su propia financiación mediante venta de servicios, y estos se deben vender a unas empresas EPS, que no les pagan y no los contratan porque privilegian la contratación de su propia integración vertical, es decir, las clínicas de propiedad de las aseguradoras. El porcentaje de recaudo de la facturación de un hospital alcanza solo el 62%. Hasta febrero de 2019, las deudas de estas entidades con los hospitales ascendían a 8,8 billones, conforme lo expresó ACESI (1).

    Las Empresas Sociales del Estado (ESE), nombre que adoptaron estas entidades con los desarrollos de la ley 100 de 1993, responden por la atención de la población de zonas dispersas y rurales, que constituye el 40% de los colombianos. Las recientes medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en el Plan de Desarrollo aprobado en el primer semestre de 2019, termina de debilitar los hospitales con tres medidas: acabaron con el fondo de garantías FONSAET, cuyo objetivo era asegurar el pago de las obligaciones por parte de las ESE que se encuentran en riesgo financiero alto o medio, o que se encuentran intervenidas por la Supersalud; acabaron con la figura de los aportes patronales, que disminuye los ingresos entre un 4 a un 15%, esto significan unos 16 mil millones de pesos para la red de Metrosalud de Medellín, y alrededor de 62 mil millones para la red de hospitales públicos de Bogotá; finalmente establecieron una modificación al giro directo por parte del fondo ADRES a los hospitales, que les permitía tener liquidez. Con estas medidas se termina de poner en jaque a los 900 hospitales del país, conduciéndolos a la inviabilidad financiera.

    Una propuesta de corto plazo para el salvamento de la red pública hospitalaria, consistiría en revertir de inmediato estas tres medidas, se debe restituir el subsidio a la oferta por parte del Estado con cargo a una cápita en el que está incluida las necesidades de salud de la población y la formalización de los trabajadores de estas entidades. Estas son medidas inmediatas y mediatas, pero desde luego esto debe conducir a una reforma estructural del sistema de salud, que como lo ordena la ley estatutaria, establezca el principio de rentabilidad social para los hospitales y sus organizaciones en redes integradas e integrales de servicios de salud.

  2. Terminar con la intermediación financiera de las EPS: Las mal denominadas Empresas Promotoras de Salud, que no son empresas, en tanto los capitales que utilizan son recursos públicos casi en su totalidad, que no son promotoras de salud, en tanto su labor en sus 27 años de existencia, ha sido inducir al sistema de salud a la atención de enfermedad de alto costo, negocio bastante rentable , si se tiene en cuenta que las EPS recobran al sistema aquellos tratamientos y tecnologías que no se encuentran incluidos en el Plan Obligatorio de Salud, POS, que corresponde al listado de tratamientos que estas aseguradoras deberían pagar a los prestadores con los recursos de la UPC, Unidad de Pago por Capitación, que es el monto per cápita que gira el Estado a la EPS por cada afiliado.

    Lo que no se cubre con esta UPC, es lo que constituye el No POS, que se recobra al Estado. El esfuerzo de estas entidades, mediante la cooptación de los órganos reguladores que definen los límites del POS y No POS, ha sido que se incluyan el menor número de tratamientos en el POS para ahorrarse la UPC y recobrar más recursos con cargo al No POS.

    En ese sentido, el observatorio de política farmacéutica de la Federación Médica Colombiana (2), ha señalado que en entre los años 2012 y 2018 el aumento del POS ha estado en un 32%, mientras el recobro del No POS ha aumentado hasta el 68%, recursos que van a los bolsillos de la industria farmacéutica, que en el 2018 del total de su mercado, extrajo 10 billones de pesos del sistema de salud, cifra que no corresponde al crecimiento real de esta industria, sino que responde a recobros de medicamentos amañados, pagados a cifras exorbitantes por encima de los precios de referencia internacional.

    El vehículo que permite la captura de estos recursos por parte de la industria farmacéutica, vía recobros, y por parte del sector financiero, que se encargan del recaudo de las cotizaciones de los recursos de salud y obtienen rendimientos financieros en sus bancos, son las EPS, que son las entidades creadas por la ley 100 de 1993, para legitimar estas transacciones de extracción de renta pública. Sin aportar valor a la atención en salud de los colombianos, en tanto su ineficacia está demostrada por la propia Supersalud, cuyo informe de 2018 demuestra que de 37 evaluadas, solo 9 de estas cumplen indicadores, teniendo en cuenta que los gobiernos han expedido diversos decretos y resoluciones para flexibilizar las exigencias que deben cumplir estas organizaciones.

    En este contexto, un gobierno sensato, tendría que empezar por establecer un mecanismo para terminar estas entidades. No obstante la ley 1955 de 2019, el Plan de Desarrollo 2018-2022, “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, profundiza este modelo, allí se plantea el acuerdo de punto final para saldar las deudas del sector salud, que podrían superar los 15 billones de pesos, cifras que por demás no se conocen, dado que el sistema de salud ha funcionado sin sistema de información. En la reglamentación de esta ley, el Gobierno Nacional ha tomado la decisión de crear además de la UPC, una segunda cápita para asumir el No Pos, como una suerte de segunda UPC, que se calcularía a partir del histórico de los recobros, además de pagar las deudas con precios de medicamentos por encima del PRI (Precios de Referencia Internacional).  Recientemente, el Contralor General de la República cuestionó la idoneidad de los sistemas de información del ADRES para dar cuenta de cifras ciertas de deudas (3), luego este proceso del acuerdo de punto final, corre el riesgo de terminar en otro gran desfalco al sistema. El acabar con este flagelo de la intermediación pasa por una reforma a la salud, y por deshacer de inmediato las medidas administrativas que han adoptado los gobiernos para aupar la extracción de renta.

  1. La Formalización de los trabajadores de la salud: El sector salud fue uno de los más afectados con el advenimiento de las políticas de la década de los 90, inspiradas desde los centros de pensamiento del Banco Mundial, cuyo referente es la concepción neoclásica de la economía y de la política. El saldo de estas medidas, es que el 80% de los trabajadores de la salud, se encuentran bajo formas de contratación ilegal, por fuera del contrato social y de su reconocimiento como trabajadores, esto significa que trabajadores misionales como médicos y enfermeras se encuentran en precarias condiciones, contratados por órdenes de prestación de servicios, la mayoría con contratos a 2 o tres meses, y con frecuencias de pago que alcanzan hasta un año. Una consecuencia, que a la vez es causa de esta situación es el debilitamiento del movimiento sindical en el sector salud, caracterizado por su fragmentación de un lado, y el enmascaramiento de otro lado, de formas de sindicalismo que encubren la tercerización laboral y la subsecuente explotación de los trabajadores bajo estas formas.

    En este contexto, un objetivo concreto debe ser el restablecimiento de la formalización laboral de los trabajadores de la salud en lo público y lo privado, dado que el 90% del personal de salud, labora en entidades privadas, por la privatización del sistema. Se deben adoptar medidas a corto plazo para el logro de este objetivo. Se requieren otras de carácter más estructural. Se ha de debatido si esto se debe hacer en un estatuto aparte de una reforma a la salud, o debe ser parte integral de la misma, existen argumentos más favorables hacia la segunda opción, dado que el talento humano y las políticas que lo protegen deben estar incursas en el conjunto del sistema, implica cambios en la financiación misma del sistema para que los recursos lleguen a los trabajadores, quienes sostienen la atención en salud, y no se quede en intermediarios.

  2. El fortalecimiento de la salud pública: La ley estatutaria en salud (LES) estableció que la salud no es solo la atención de la enfermedad, este corresponde a la parte prestacional del derecho, en ese sentido la Sentencia C-313 de 2014 que desarrolla la LES, a partir de las consideraciones del Congreso de la República en el trámite y aprobación de la misma, introdujo como parte del derecho, los 14 determinantes de la salud contenidos en la Observación General 14 del Comité de Derechos Económicos y Sociales de Naciones Unidas del año 2000, que hace parte del bloque de constitucionalidad, entre estos se encuentra la educación , la alimentación, el medio ambiente. Esto supone que se gestionen políticas públicas como los impuestos a las bebidas azucaradas, las leyes de etiquetado, que han demostrado que tienen impacto en salud pública, e impacto fiscal, en tanto se ha demostrado que solo con los impuestos saludables se podría obtener un recaudo del 1% del PIB para financiar las políticas de salud (3), esto sumado al impacto en la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles, que son las que presentan mayor morbilidad y mortalidad, y un mayor gasto en salud. Este ítem, hace referencia a la necesidad de instalar de nuevo una política fundamentada en la atención primaria en salud desde el Estado, que fue desmontada por los intereses del alto costo y de los extractores de renta, que se nutren del negocio de la enfermedad.
  3. Reglamentación de la ley estatutaria: El desmonte de la ley 100 de 1993 comenzó con la aprobación de la ley estatutaria y la Sentencia C-313 de 2014, ha sido catalogada con el principal avance de occidente en materia del derecho a la salud en desarrollo de la Observación General 14 de Naciones Unidas, siendo la Corte Constitucional Colombiana considerada entre las más progresistas del mundo en esta materia.

En ese contexto, el trabajo que parcialmente logró el Ex Ministro Alejandro Gaviria, fue intentar introducir un sentido común en la tecnocracia del Estado, en instituciones educativas y en la sociedad civil, de que la ley estatutaria es la misma ley 100, y que el negocio de la salud es compatible con el derecho. Esto no es así. Los derechos fundamentales son exigibles al Estado de manera inmediata, son universales, no están supeditados a los principios de rentabilidad y sostenibilidad fiscal,  esto supone de inmediato la caída de la ley 100 que instauro un régimen de salud fragmentado, en regímenes diferenciales para la atención de la población. La dirección y coordinación de la salud debe estar a cargo del Estado. La autonomía profesional es la garante del derecho prestacional a la salud, y está protegida constitucionalmente frente a los intermediarios del negocio.

Todos estos asuntos deben ser reglamentados en dos vías, de un lado, la derogatoria inmediata de los actos administrativos expedidos por el Ministerio de Salud que contravienen la ley. El tribunal administrativo de Cundinamarca en fallo expedido el 19 de abril de 2019, frente al caso de Medimás, ha identificado algunos de estos que considera inconstitucionales, y que favorecieron el desfalco de esta entidad, y por tanto de otras EPS que operan bajo estas mismas regulaciones (6). Se requiere ajustar el decreto único de salud al marco legal. Otra parte de la reglamentación necesariamente debe pasar por el Congreso de la República, y es una Reforma Estructural al Sistema de Salud, lo que significa no reeditar los elementos centrales de la ley 100 de 1993 que han demostrado su ineficacia, como fue desarrollado en el apartado de la intermediación financiera de las EPS. En suma, la reglamentación de la LES implica medidas de corto, mediano y largo plazo, una de estas medidas debe pasar por un Congreso que acaba de aprobar el más regresivo Plan de Desarrollo, no es fácil la correlación de fuerzas allí, pero la sociedad colombiana, movilizada en las calles no puede renunciar a la exigencia de la materialización de sus derechos fundamentales. La salud es uno de ellos.

http://www.observamed.org/
https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/la-gente-se-nos-esta-muriendo-esperando-decisiones-de-adres-448914
https://www.sur.org.co/medimas-cronica-de-una-muerte-anunciada/

Carolina Corcho Mejía, Médica psiquiatra vicepresidenta Federación Médica Colombiana, integrante Corporación Latinoamericana Sur.

Fuente tomada de: ACOME  https://www.sur.org.co/la-salud-en-el-paro-nacional/

¿Conviene que los empleados hagan su trabajo en casa?

¿Te conviene que tus empleados hagan home office? Descúbrelo

Crédito: depositphotos.com

La empresa se adapta a los nuevos tiempos y la gerencia comienza a plantearse cuánto teletrabajo es aconsejable. Es una duda que asalta a propietarios de pymes, pero también a los responsables de recursos humanos de grandes corporaciones. Por una parte, se quiere dar flexibilidad a la plantilla, dejarles elegir desde dónde realizar sus tareas. Sin embargo, por otro lado, está la incertidumbre sobre aspectos como los siguientes:

  • Cómo alinearse con las exigencias legales del control horario para llevar un control de presencia escrupuloso.
  • De qué modo mantener la cohesión del equipo, cuando sus miembros ni siquiera se pueden ver en persona.
  • Qué hay que hacer para asegurarse de que esta decisión no provocará un descenso de la productividad o la motivación individual de los empleados.

La situación del teletrabajo en América Latina

Las razones para mantener la incertidumbre sobre esta modalidad laboral pueden ser variadas, pero los fundamentos que soportan la popularización del teletrabajo son muchos más abundantes. Tanto así que, en América Latina, varios Estados han avanzado en la regulación legal sobre esta tendencia. Por ejemplo:

  • Chile fue uno de los primeros países latinos en referenciar el teletrabajo en su marco jurídico. Cuenta con un proyecto de ley para introducir el contrato de trabajo a distancia como contrato especial en el Código del Trabajo. Además, fue aprobado su proyecto de Ley de Trabajo a Distancia.
  • Desde 2008, Colombia y Costa Rica poseen regulaciones jurídicas sobre el trabajo a distancia. Colombia cuenta con la Ley 1221 de 2008 y Costa Rica tiene un nuevo proyecto de Ley para regular el teletrabajo (Expediente N° 21141).
  • Perú ha establecido regulaciones de última generación para promover el cumplimiento laboral desde las casas (home-office), y cuenta con la Ley N° 30036 (Ley que regula el teletrabajo).

En este contexto, de acuerdo con el estudio El Teletrabajo en América Latina realizado por 5G Américas y la Academia Internacional de Transformación del Trabajo – Capítulo América Latina y el Caribe (ITA – LAC), los países latinos con más teletrabajadores para el año 2017 fueron los siguientes:

  • Brasil: 7 500 000
  • México: 2 600 000
  • Argentina: 2 000 000
  • Chile:   500 000
  • Colombia:     31 000
  • Costa Rica:     20 000

Sin embargo, para el día de hoy, todas estas cifras han crecido exponencialmente. Por ejemplo, según el Consejo Colombiano de Seguridad (CCS), en este país ya hay más de 123 mil teletrabajadores.

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El teletrabajo es positivo…

Según revela un estudio de la Universidad de Stanford, el cual se desarrolló por casi dos años siguiendo los hábitos y resultados de un nutrido grupo de teletrabajadores, el aumento de la productividad laboral que se logra mediante el teletrabajo es asombroso, llegando dicho aumento a ser en algunos casos el equivalente a un día completo de trabajo.

La concentración, que se mantiene durante periodos de tiempo más largos en el hogar, una mejor conciliación de la esfera personal y profesional y mayor facilidad para evitar horas extras, con sus consecuencias, como llegar tarde a la casa o tener que salir de allí más temprano varias veces a la semana; prueba los beneficios del teletrabajo.

  • Los teletrabajadores hacen menos descansos durante su jornada laboral.
  • Se reduce el absentismo, debido a que cogen menos bajas por enfermedad.

No solo eso, a estas ventajas hay que sumar el ahorro que el empresario obtiene en términos de alquiler de instalaciones, que en algunos lugares puede ser considerable y el hecho de que los teletrabajadores contribuyen al objetivo de sostenibilidad de la empresa, al evitar desplazamientos en sus vehículos, ayudando así a la reducción de las emisiones de carbono.

… pero ¿cuánto teletrabajo es aconsejable?

A pesar de lo positivo del trabajo remoto es preciso tomar en consideración cuánto teletrabajo es aconsejable. Para el empleado, la mayor desventaja de trabajar desde casa a diario puede ser la soledad.

El problema es que ese aislamiento podría llegar a hacer mella en la cohesión del equipo. El resultado sería un descenso de la motivación y los índices de satisfacción laboral, conflictos internos y puede que, en último término, incluso el cliente terminase viéndose afectado por un descenso en la calidad del servicio.

Es por eso que conviene establecer cuánto trabajo es aconsejable para cada empresa. La gerencia deberá fijar un número mínimo de días en los que se debe acudir a la oficina. Lo normal es que sean dos o tres.

Así, cuando la mitad de la semana se está en contacto directo con los compañeros, los superiores y otros miembros del ecosistema empresarial, se evitan los problemas de estar siempre ausente.

Conviene, no obstante, considerar la introducción de algunas ventajas para los empleados que optan por el teletrabajo o algún otro modelo de flexibilidad horaria. Podría plantearse la retribución flexible como solución idónea.

Uno de sus puntos fuertes es que permite a cada empleado ser quien decide en qué términos se establecerá su compensación en especie. Así, por ejemplo, se puede optar por este tipo de compensaciones como ayuda extrasalarial (la empresa asumiría el coste y se consideraría un complemento).

Otra opción es considerar la compensación como parte de un plan de retribución flexible, donde el empleado decide qué parte de su salario recibe en especie, adaptando el beneficio a sus necesidades y obteniendo ahorro: habrá quien desee el pago de la, otros que prefieran pagar las comidas diarias o algunos que opten por los gastos de transporte. Lo mejor es que, cualquiera de las opciones que escojan les ayudará a aumentar su poder adquisitivo.

De esta forma, a la vez que se concreta cuánto teletrabajo es aconsejable, se logra una doble flexibilidad: la organizacional y la retributiva. ¿Te habías planteado decidirte por una opción mixta para tu negocio y aprovechar las ventajas del teletrabajo y de acudir a la oficina? ¿Qué te ha frenado hasta ahora? ¿Cuestiones tecnológicas o la cultura corporativa?

Artículo tomado de: https://www.entrepreneur.com/article/345139

Las mujeres que dieron forma a la Declaración Universal de Derechos Humanos

El destacado papel de Eleanor Roosevelt como Presidenta del Comité de Redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos está bien documentado. No obstante, hubo otras mujeres cuya labor fue esencial a la hora de dar forma al documento. A continuación, se presentan algunas de ellas, así como sus contribuciones para la inclusión de los derechos de la mujer en la Declaración Universal. (Fuente: Women and the Universal Declaration of Human Rights, Rebecca Adami, Routledge, 2018).

ELEANOR ROOSEVELT

Primera Dama de los Estados Unidos de América entre 1933 y 1945, fue nombrada delegada ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1946 por el Presidente de los Estados Unidos Harry S. Truman. Fue la primera Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y desempeñó un papel fundamental en la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos. En un momento de crecientes tensiones entre el Este y el Oeste, Eleanor Roosevelt utilizó su enorme prestigio y credibilidad con las dos superpotencias para encaminar el proceso de redacción hacia su conclusión satisfactoria. En 1968, se le concedió de manera póstuma el Premio de las Naciones Unidas en la Esfera de los Derechos Humanos.

HANSA MEHTA

Entre 1947 y 1948, solo había otra mujer delegada ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas: la india Hansa Mehta, una firme defensora de los derechos de la mujer tanto en la India como en el extranjero. A ella se le atribuye el mérito de cambiar la frase de “Todos los hombres nacen libres e iguales” a “Todos los seres humanos nacen libres e iguales” en el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

MINERVA BERNARDINO

Minerva Bernardino, diplomática y líder feminista de la República Dominicana, fue fundamental en las deliberaciones sobre la inclusión de la “igualdad de derechos de hombres y mujeres” en el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Además, junto con otras latinoamericanas (la brasileña Bertha Lutz y la uruguaya Isabel de Vidal), desempeñó una función esencial en la defensa de la inclusión de los derechos de la mujer y la no discriminación sexual en la Carta de las Naciones Unidas, que en 1945 se convirtió en el primer acuerdo internacional en el que se reconocía la igualdad de derechos de hombres y mujeres.

BEGUM SHAISTA IKRAMULLAH

Begum Shaista Ikramullah, del Pakistán, en su calidad de delegada de la Tercera Comisión de la Asamblea General (la Comisión de Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales), pasó, en 1948, 81 reuniones examinando el proyecto de la Declaración Universal de Derechos Humanos y defendió poner de relieve la libertad, la igualdad y la libre elección en la Declaración. Asimismo, promovió la incorporación del artículo 16, sobre la igualdad de derechos en el matrimonio, pues consideraba que era una manera de combatir el matrimonio infantil y forzado.

BODIL BEGTRUP

La danesa Bodil Begtrup, Presidenta de la Subcomisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en 1946 y, más adelante, en 1947, de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, defendió que la Declaración Universal se refiriese a los titulares de los derechos como “todos” o “toda persona”, en lugar de emplear la fórmula “todos los hombres”. Además, propuso la inclusión de los derechos de las minorías en el artículo 26, sobre el derecho a la educación, pero sus ideas eran demasiado controvertidas para la época. La Declaración Universal de Derechos Humanos no hace ninguna mención explícita a los derechos de las minorías, si bien garantiza la igualdad de derechos de todas las personas.

MARIE-HÉLÈNE LEFAUCHEUX

La francesa Marie-Hélène Lefaucheux, en su calidad de Presidenta de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en 1948, defendió con éxito la inclusión de una mención a la no discriminación sexual en el artículo 2. Así, el texto final del artículo en cuestión reza lo siguiente: “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”.

EVDOKIA URALOVA

Evdokia Uralova, de la República Socialista Soviética de Bielorrusia, fue la Relatora de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer ante la Comisión de Derechos Humanos en 1947. Defendió con firmeza la igualdad de salario para las mujeres. Gracias a ella, el artículo 23 reza lo siguiente: “Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual”. Además, junto con Fryderyka Kalinowska, de Polonia, y Elizavieta Popova, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, puso de relieve los derechos de las personas que viven en territorios no autónomos (artículo 2).

LAKSHMI MENON

Lakshmi Menon, delegada de la India ante la Tercera Comisión de la Asamblea General en 1948, abogó con contundencia por la repetición de la no discriminación sexual a lo largo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como por la mención de “la igualdad de derechos de hombres y mujeres” en el preámbulo. Además, defendió abiertamente la “universalidad” de los derechos humanos y se opuso con firmeza al concepto del “relativismo colonial”, con el que se trataba de negar los derechos humanos a las personas que vivían en países sometidos a dominación colonial. Sostenía que, si las mujeres y las personas sometidas a dominación colonial no se mencionasen de manera expresa en la Declaración Universal, no se considerarían representadas en la expresión “toda persona”.

 

Nueva enfermedad en la lista de la OMS: desgaste profesional o burn-out

Es cada vez más frecuente en profesionales de la salud, periodistas y personas con diversos oficios y profesiones. La Organización Mundial de la Salud (OMS) incorporó al desgaste profesional, conocido como “burn-out” en su Clasificación Internacional de Enfermedades que se utiliza para establecer tendencias y estadísticas sanitarias.

La lista, confeccionada por la OMS, se basa en las conclusiones de expertos médicos de todo el mundo y fue adoptada por sus Estados miembros reunidos desde el 20 de mayo en Ginebra en el marco de la Asamblea Mundial de la organización.

“Es la primera vez” que el desgaste profesional entra en la clasificación, anunció el lunes a los periodistas un portavoz de la OMS, Tarik Jasarevic.

La Clasificación de Enfermedades de la OMS proporciona un lenguaje común que facilita el intercambio de informaciones sanitarias entre los profesionales de la salud de todo el mundo.

El desgaste profesional, que fue incorporado a la sección de “problemas asociados” al empleo o al desempleo, llevará el código QD85.

Fue descrito como “un síndrome […] resultante de un estrés crónico en el trabajo que no fue gestionado con éxito” y que se caracteriza por tres elementos:

  • “una sensación de agotamiento”,
  • “cinismo o sentimientos negativos relacionados con su trabajo” y
  • una “eficacia profesional reducida”.

El registro de la OMS precisa que el desgaste profesional “se refiere específicamente a fenómenos relativos al contexto profesional y no debe utilizarse para describir experiencias en otros ámbitos de la vida”.

La nueva clasificación, llamada CIP-11, publicada el año pasado, fue adoptada durante la edición de este año de la Asamblea Mundial, la número 72, y entrará en vigor el 1 de enero de 2022.

Incluye nuevos capítulos, uno de los cuales dedicado a la salud sexual. Cubre afecciones anteriormente clasificadas en otros listados, como la “incongruencia de género”, como la transexualidad, hasta ahora clasificada en la sección de enfermedades mentales.

El trastorno por videojuegos fue añadido a la sección de trastornos de dependencia. La nueva clasificación de la OMS también propone un nuevo capítulo sobre la medicina tradicional.

https://www.elcolombiano.com/tendencias/burnout-o-desgaste-profesional-nueva-enfermedad-listada-por-la-oms-AN10842992


COMENTARIOS DE PIE DE PÁGINA

Aqui en Colombia tiran muy duro, es normal trabajar en la noche, fines de semana y no recibir compensación por ello, ni siquiera reconocimiento, pero vaya usted llegue tarde o pida un permisito.

Y hasta ahora lo meten en la lista? en plena era de la interconectividad y las empresas todavía pegadas de la hora nalga

Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer

El Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer tuvo su origen el 28 de mayo de 1987, en la reunión de integrantes de la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos, realizada al terminar el V Encuentro Internacional sobre Salud de la Mujer, llevado a cabo en Costa Rica.

Se designó esta fecha para abordar las diversas causas de enfermedad y muerte que enfrentan las mujeres y que siguen vigentes aún en nuestros días. Una de ellas es la mortalidad materna, en el que un retraso de apenas unas horas puede determinar la diferencia entre la vida y la muerte.

El derecho de las mujeres a gozar de salud integral a lo largo de todo su ciclo vital es un derecho humano universal consagrado por el sistema internacional de derechos humanos.

La salud integral responde a factores biopsicosociales de la capacidad de las mujeres de acceder a los recursos para vivir una vida digna, con igualdad de oportunidades, exenta de violencias.

Es imprescindible que toda la sociedad y sus instituciones perseveren en el progreso y en el acceso a la salud reproductiva y sexual de las de las mujeres, consolidando el ejercicio de un derecho universal que permanece todavía en la sombra en muchos lugares del mundo.

Violencia de género, principal factor de mala salud en las mujeres

Estudiosos del tema y diversas organizaciones ha reconocido que la violencia contra la mujer es un factor de riesgo para la mala salud. Sus consecuencias se traducen en una gama de resultados finales que impactan negativamente la salud de la mujer.

La violencia contra la mujer, especialmente la violencia doméstica y el abuso sexual, conlleva muchas consecuencias negativas para la salud de mujeres y niñas en todo el mundo. Algunas afectan la salud física y otras la salud mental.

Consecuencias de la violencia para la salud física

Muchos son los impactos negativos de la violencia en la salud y bienestar de la mujer. Se reconoce por ejemplo un alto número de lesiones que oscilan desde cortes y hematomas a lesiones graves que causan incapacidad permanente, como la pérdida de audición, entre otras.

Otras manifestaciones negativas de la salud física observadas en mujeres maltratadas han sido cefaleas, hipertensión, síndrome de colon irritable y diversos problemas ginecológicos.

Múltiples estudios en Estados Unidos y América Latina han mostrado cómo la salud sexual y reproductiva femenina se ven seriamente afectadas con la violencia. Las mujeres abusadas y violentadas sexualmente sufren casos de enfermedades de transmisión sexual, VIH/sida, enfermedad inflamatoria pélvica, embarazo no deseado, aborto espontáneo y dolor pélvico crónico

Consecuencias de la violencia para la salud mental

El impacto de la violencia en la salud mental es menos conocido aunque cada vez más crece la literatura y los estudios sobre este tema. Además de las lesiones, la violencia contra la mujer conlleva depresión, trastornos por ansiedad, trastorno por estrés postraumático, trastornos en la conducta alimentaria y diversas manifestaciones psicosomáticas.

Así mismo se han reportado en diferentes países casos de abuso de alcohol y sustancias tóxicas en mujeres que sufren violencia doméstica, así como otras conductas nocivas para su salud.

Violencia y salud de la embarazada y neonatal

La violencia también se produce durante el embarazo, por lo que sus consecuencias afectan a la mujer gestante y también al feto o al recién nacido.

La violencia durante el embarazo se asocia a abortos, muerte fetal, parto prematuro y muerte y lesiones fetales o del recién nacido. En varios estudios en Estados Unidos se ha observado asociación con Bajo Peso al Nacer (BPN), encontrando tasas de BPN significativamente más altas en las mujeres golpeadas (12%) que en las no golpeadas (6%). Esta misma asociación apareció en estudios efectuados en Nicaragua y en India.

Homicidios y suicidios

La violencia contra la mujer puede provocar también la muerte. Aunque las tasas de muerte por “feminicidio”, como se denomina al homicidio femenino, suelen ser mucho menores que las de muerte por homicidio en los hombres, se sabe que en ellas el homicidio se asocia a antecedentes de violencia doméstica.

Muchos feminicidios son ocasionados por conocidos, especialmente por las parejas o antiguas parejas. Muchas de estas muertes se producen en torno al momento en que la mujer decide buscar ayuda o abandonar a su agresor.

Por otro lado, en muchas mujeres que sufren golpes o abusos sexuales de forma crónica, la tensión emocional y física puede inducir al suicidio. Las investigaciones efectuadas en los Estados Unidos, Nicaragua y Suiza demuestran que las mujeres golpeadas corren un riesgo mayor de intento de suicidio.

Acceso y uso de servicios de salud

Diversos estudios también han mostrado que los antecedentes de violación o agresión son un factor que da lugar a mayor número de visitas a los médicos y de costos ambulatorios de la atención en salud de las mujeres, que otros factores como la edad de la mujer u otros riesgos de salud como el consumo de tabaco.

Se sabe que el costo de la atención médica de las mujeres violadas o que sufrieron agresiones puede ser 2,5 veces mayor que el de las no agredidas.

Las numerosas consecuencias de la violencia doméstica para la salud son importantes además en lo que se refiere a la equidad en la salud, ya que incrementan la necesidad de atención de salud, al mismo tiempo que la mujer puede encontrar obstáculos para acceder a dicha atención.

El panorama anterior muestra que mejorar la salud de la mujer puede ser posible mejorando la equidad de género. Por tanto, es necesario prestar más atención a las medidas preventivas, orientando la salud pública y la promoción de la salud hacia el cambio de actitudes, normas y conductas que favorecen el control masculino y las violencias.



Fuentes de información:
vfun_circulito2.gif Mullen, P.E., Romans-Clarkson, S.E., Walton, V.A., Herbison, G.P. (1988) Impact of sexual and physical abuse on women’s mental health. Lancet 1(8590):841-845.
vfun_circulito2.gif García-Moreno C. Violencia contra la mujer, género y equidad en la salud. Publicación Ocasional No. 6 Harvard Center for Population and Development Studies - Organización Panamericana de la Salud.
vfun_circulito2.gif Web Oficial ONU Mujeres.

Hasta 30 días para justificar Licencia por Luto

LEY 1635 DE 2013 (junio 11)
Diario Oficial No. 48.818 de 11 de junio de 2013
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Por medio de la cual se establece la
Licencia por Luto para los Servidores Públicos

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

ARTÍCULO 1o. Conceder a los Servidores Públicos en caso de fallecimiento de su cónyuge, compañero o compañera permanente o de un familiar hasta el grado segundo de consanguinidad, primero de afinidad y segundo civil, una licencia remunerada por luto de cinco (5) días hábiles.

La justificación de la ausencia del empleado deberá presentarse ante la jefatura de personal correspondiente dentro de los 30 días siguientes a la ocurrencia del hecho, para lo cual se adjuntarán:

1. Copia del Certificado de Defunción expedido por la autoridad competente.

2. En caso de parentesco por consanguinidad, además, copia del Certificado de Registro Civil en donde se constate la relación vinculante entre el empleado y el difunto.

3. En caso de relación cónyuge, además, copia del Certificado de Matrimonio Civil o Religioso.

4. En caso de compañera o compañero permanente, además, declaración que haga el servidor público ante la autoridad, la cual se entenderá hecha bajo la gravedad del juramento, donde se manifieste la convivencia que tenían, según la normatividad vigente.

5. En caso de parentesco por afinidad, además, copia del Certificado de Matrimonio Civil o Religioso, si se trata de cónyuges, o por declaración que haga el servidor público ante la autoridad, la cual se entenderá hecha bajo la gravedad del juramento, si se trata de compañeros permanentes, y copia del Registro Civil en la que conste la relación del cónyuge, compañero o compañera permanente con el difunto.

6. En caso de parentesco civil, además, copia del Registro Civil donde conste el parentesco con el adoptado.

ARTÍCULO 2o. VIGENCIAS. La presente ley rige a partir del momento de su publicación.

Usted Puede consultar la Ley actualizada en:
CLIC AQUÍ: LEY 1635 DE 2013 (actualizada)

Plan Nacional de Desarrollo dejaría en cuidados intensivos finanzas de hospitales públicos

La Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos, ACESI,  prendió las alarmas porque el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo, que está pendiente de surtir los dos últimos debates en el Congreso de la República, dejaría en cuidados intensivos las finanzas de los centros de salud públicos del país.

Así lo señaló la agremiación tras indicar que, “de entrada el texto que estudian los legisladores incrementa la posibilidad de liquidar la red hospitalaria a cargo del Estado, pues se deja sólo en cabeza del Ministerio de Hacienda y Crédito Público todo lo relacionado con categorización de riesgo fiscal y financiero y los consecuentes planes de salvamento fiscal y financiero,  que de incumplirse,  las empresas sociales del estado pasarían a ser sometidos a ley 550 bajo la tutela de la Supersalud, con el agravante que en lo que destina a Sistema General de Participación (SGP) se plantea financiar la infraestructura pública operada por terceros,  es decir,  se motiva a liquidar hospitales públicos y entregárselos a terceros”.

Para el gremio que agrupa a las clínicas hospitales públicos, “eso desconcierta, pues desde un comienzo los altos funcionarios del gobierno Duque del sector salud hablaron de defensa de la red pública, pero en la realidad, lo escrito en el plan de desarrollo, es absolutamente opuesto”.

“En consecuencia, la pregunta es ¿qué pasará con los recursos patronales, con los que se financian la seguridad social de los trabajadores vinculados a la red pública hospitalaria?”, se preguntó la agremiación.

La agremiación también expresó su preocupación por las restricciones Y actualmente se perciben en materia de atención en las zonas marginadas del país.

“No podemos olvidar que el sector tiene una gran deuda con las zonas alejadas y dispersas en temas de salud pública y que hoy en día están emergiendo varias enfermedades transmisibles por la baja gestión de trabajo a nivel de intervenciones colectivas, situación que debe ser mejorada por las entidades territoriales con la oportunidad en la contratación, pero igualmente, con recursos suficientes para las actividades que deben ser realizadas en coherencia con el fortalecimiento de un modelo centrado en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad”, señaló ACESI.

“Nos inquieta que el acuerdo de punto final no soluciona el grave problema que persiste de la cartera actual, entre las EPS y los prestadores y no logremos cuentas claras en el sector”,  apuntó el gremio, en los reparos hechos a la iniciativa.

El proyecto de Plan Nacional de Desarrollo surtió los dos primeros debates en las comisiones económicas conjuntas y está a la espera de que se haga lo propio en las plenarias de Senado y Cámara de Representantes.

El objetivo del gobierno es tener aprobado este importante plan de inversiones antes del 27 de mayo.

Actualmente las deudas de las EPS con los hospitales públicos del país, superan los 5 billones de pesos.

 

https://www.elheraldo.co/colombia/plan-nacional-de-desarrollo-dejaria-en-cuidados-intensivos-finanzas-de-hospitales-publicos

1 de mayo Día Internacional de la Clase Obrera

El 1 de mayo de 1886 se inició una huelga obrera en Chicago para reducir a ocho horas diarias el tiempo de trabajo. Esta huelga era parte de un amplio movimiento de las masas obreras y populares en los EEUU para reducir la durísima jornada de trabajo que llegaba hasta las 14 y 18 horas durante seis y siete días a la semana, en muy penosas condiciones laborales, con disciplinas muy duras, con despidos inmediatos, con abusos de toda clase, incluidos los sexuales, contra las trabajadoras, con explotación infantil, sin derechos sociales, ni políticos, sin cobertura sanitaria pública, etcétera.

Condiciones espantosas que también se sufrían en la Europa del momento, impuestas a la fuerza desde los orígenes mismos del capitalismo industrial a finales del siglo XVIII en Inglaterra e incluso antes, en el capitalismo manufacturero, impuestas muchas veces con la intervención militar salvaje.

En 1868 el movimiento obrero había logrado, gracias a muy duras luchas anteriores, conquistar la jornada de 8 horas, pero solo para un sector de la clase: el explotado en las empresas públicas y servicios estatales, aunque la patronal boicoteó esa ley todo lo que pudo. Y en 1874 se redujo la jornada a 8 horas a otras franjas obreras.

Alrededor de 340.000 trabajadores secundaron las huelgas y movilizaciones; trabajadores de todas las ramas productivas y de servicios, de sexos y edades diferentes, con culturas, lenguas y tradiciones diversas que no impidieron que las masas explotadas construyeran la unidad de clase del trabajo, frente a la unidad de clase del capital, la unidad obrera frente a la unidad burguesa.

La reacción capitalista fue atroz, movilizando recursos militares y policiales del Estado, empresas privadas especialistas en la represión selecta con sicarios asesinos y con sindicatos mafiosos de revienta-huelgas, esquiroles y «amarillos» traídos de otras regiones y del lumpemproletariado, con despidos, multas y desahucios masivos de los huelguistas expulsados de las casas de las empresas y echados a la calle con sus familias, con los sermones pacifistas e interclasistas de las sectas cristianas, con la propaganda agresiva de la prensa exigiendo mano dura y represión.

El capital recurrió a casi todo para aplastar a los trabajadores, para convertirlos en esclavos, sólo le faltó poner en marcha un golpe militar e instaurar una dictadura de clase, cruda y desnuda, abierta, como ya había aprendido a hacerlo en las Américas y como haría luego contra tantas naciones trabajadoras del mundo. No lo hizo en este caso porque aún disponía de otros instrumentos menos salvajes y más efectivos en ese nivel de radicalización de la lucha de clases, instrumentos como la supuesta «democracia norteamericana» y sus elecciones periódicas, la ley y la justicia, los tribunales, el parlamento, etcétera.

Si bien es cierto que todavía entonces amplias masas explotadas no podían «disfrutar» de la democracia burguesa en el mismo sentido que la clase dominante, no es menos cierto que este sistema de dominación tan efectivo por su invisibilidad tenía arraigo en la conciencia alienada de las masas. También disponía de otros recursos de sujeción mental y de obediencia colaboracionista, fundamentalmente el fetichismo de la mercancía que obnubila (Dejar fascinada o embobada a una persona), falsea e invierte la realidad anulando la conciencia crítica y libre. Además, el hecho de que ya en 1868 y 1874 se habían logrado victorias legales a favor de las 8 horas, incumplidas por la patronal, fortalecía el fetichismo parlamentarista y legalistas, lo que unido a concesiones significativas sobre las 8 horas en algunas ciudades, más el miedo a más duros golpes represivos, terminó paralizando la oleada de luchas.

Pero la justicia burguesa no se detuvo. Además de haber asesinado y herido a decenas de obreros en las represiones, el capital necesitaba «sangre cualitativa» para aterrorizar a los sectores más conscientes y organizados. La policía, que había avasallado y saqueado sedes sindicales y de organizaciones obreras, que se había apoderado de documentos y actas, que había arrancado declaraciones y confesiones atemorizadas, se volcó en la represión especializada sobre un reducido grupito acusado de dirigentes terroristas, condenando a cinco de ellos a la pena de muerte.

Uno se suicidó el día antes de «ejecución», pero los cuatro restantes fueron legalmente asesinados el 11 de noviembre de 1887. Durante el año y medio transcurrido de mayo de 1886 a noviembre de 1887 la burguesía y su Estado habían tenido tiempo para dividir al movimiento obrero y popular con la clásica política de la zanahoria para los desertores y el palo para los resistentes, así que apenas tuvo problemas para controlar las manifestaciones de protesta por los asesinatos legales.

Primera lección

Durante los 128 años transcurridos desde que las luchas obreras dieron el salto a la gran movilización de aquél 1 de mayo, el capitalismo ha pasado por varias fases o formas concretas, pero se ha mantenido esencialmente el mismo, tanto que desde finales del siglo XX se ha lanzado a reinstaurar aquellas formas de explotación, pero con los medios actuales. Como hemos visto, en 1868 y 1874 el Estado legalizó las 8 horas de trabajo aunque la patronal se opuso e incumplió esa ley. En el mismo 1º de mayo de 1886 se legalizaron las 8 horas en muchos lugares mediante acuerdos entre las burguesías y el Estado, pero en otros no. En Europa también se produjeron las mismas contradicciones no antagónicas entre el Estado, representante de la burguesía en su conjunto, y algunos grupos capitalistas que no querían ceder en nada y sí mantener una explotación salvaje.

La experiencia demostró que, en aquellas condiciones, la productividad media aumentaba si se reducía la duración del trabajo, pero se aumentaba su intensidad, es decir, si con menos tiempo de trabajo se producía más y mejor y encima disminuía la protesta obrera. Por otra parte, en aquél contexto, reducir el tiempo de trabajo manteniendo el salario permitía que la clase obrera descansara más, dispusiera de más tiempo de ocio y consumo burgués y se integrase más en el sistema, acelerando así el circuito entero de producción, distribución, consumo, realización y acumulación ampliada.

Si bien estas tensiones intraburguesas han reaparecido en situaciones similares, como se ve con la experiencia keynesiana y en parte con el toyotismo y algunas formas de producción flexible, sin embargo, a raíz de las tremendas dificultades del capitalismo imperialista para salir definitivamente de la crisis iniciada a finales de la década de 1960, pese a todos los esfuerzos monetaristas y neoliberales lanzados desde 1973-75, y a pesar de los puntuales repuntes transitorios siempre fracasados, desde entonces la burguesía imperialista ha optado abiertamente por aumentar el tiempo de trabajo y por incrementar la intensidad de la explotación, es decir, por unir la plusvalía absoluta con la relativa. Ha optado también por acabar con cualquier autonomía del Estado convirtiéndolo en un perro fiel que cumple sin dudar las órdenes de las grandes corporaciones financiero-industriales.

Quiere esto decir que el Movimiento Obrero debe rechazar la mentira del «Estado del Bienestar», del «Estado benefactor», para comprender que ya ha pasado para siempre la fase en la que el Estado burgués podía atender sustancialmente a las necesidades de la clase explotada. Las muy reducidas medidas recientes del gobierno alemán para aumentar el salario directo e indirecto, controlar los precios de los alquileres, impulsar el consumo, etc., no buscan beneficiar al pueblo trabajador empobrecido y cada vez más furioso tras años de austericidio, sino sólo desatascar cuanto antes tapones y nudos que obturan y frenan la expansión del poder euroalemán, nada más. Por otra parte, el caso alemán es excepcional y se basa en las gigantescas ganancias acumuladas por su burguesía, lo que le permite jugar al gato y al ratón con los sindicatos, pero otras burguesías imperialistas relativamente poderosas, como la francesa, no pueden hacerlo y han obligado a la socialdemocracia a aplicar recortes sociales escalofriantes.

Solamente cuando el pueblo trabajador dispone de un gobierno y de un Estado dispuestos a enfrentarse a la burguesía propia y mundial, como sucede en cierta medida en las Américas y en otras muy reducidas partes del mundo, sólo entonces puede confiar en que ese poder político actuará en defensa suya. Pero esa confianza debe estar asentada en la experiencia diaria y en la capacidad de autoorganización del poder popular y obrero fuera del Estado, libre de sus tentáculos. Todo Estado, incluido el obrero y popular, está en peligro de corrupción interna, y el burgués está corrupto en sus entrañas. Por esto el movimiento obrero ha de organizarse fuera del Estado, aunque sea suyo, para dirigir desde fuera –también desde dentro- la lucha por la reducción drástica del tiempo de trabajo explotado, una reivindicación revolucionaria por esencia.

Segunda lección

La clase trabajadora norteamericana logró decisivas conquistas gracias a su capacidad de asentar una unidad obrera y popular suficientemente fuerte. Superando enormes dificultades y provocaciones teledirigidas por los aparatos represivos de una burguesía monopolista que en 1904 con sólo 318 truts controlaba el 40% de la industria norteamericana. Pese a esto, en 1905 se creó el sindicato IWW o Trabajadores Industriales del Mundo, que fue objeto de una sistemática represión desde ese instante, como antes lo fueron quienes organizaron la huelga de 1886. Uno de los objetivos básicos de la represión fue romper esa unidad enfrentado a trabajadores con trabajadoras, a blancos con negros y latinos, a irlandeses con italianos, a los industriales con los de servicios, a fabriles con campesinos, y golpeándoles a todos con empresas privadas de represión como la Pinkerton y mafias sindicales, además de a la policía. Como estos y otros medios no eran suficientes, la entrada de EEUU en 1917 en la guerra mundial justificó imponer muy severas represiones obreras y sindicales con la excusa de la «seguridad nacional». Más tarde, haría lo mismo desde 1942-45 en adelante para derrotar la oleada de reivindicaciones, y a partir de finales de 1960 de forma intermitente y en ascenso.

Si la lucha de 1886 sacó a la luz la unidad entre la represión económico-sindical a gran escala y la política contra las organizaciones revolucionarias, la experiencia hasta el presente no hace sino confirmarlo. También sucede lo mismo en Europa y en todo el capitalismo mundial, que no sólo en el imperialista. Precisamente, mientras que la burguesía obliga al Estado a abandonar su intervencionismo socioeconómico en todo lo relacionado con el bienestar público, le lleva a multiplicar su intervencionismo controlador, vigilante y represivo sobre las clases explotadas. La lucha sociosindical y política ha de aprender de esta experiencia mundial la decisiva importancia de unir en lo posible la conciencia política con la conciencia sociosindical, y dentro de esta unidad la importancia de la sistemática acción militante. El espontaneismo de masas fue una de las fuerzas activas en 1886, pero también lo fueron, y cada vez más, las organizaciones obreras anarquistas y socialistas cada vez más conscientes de actuar políticamente con sistemas organizativos capaces de aguantar la represión que se endurecería según aumentasen y se radicalizasen las movilizaciones.

El fetichismo parlamentarista sin contenido político obrero que luego haría estragos, como ya los estaba haciendo en la Europa de finales del siglo XIX, fue imponiéndose por varias razones específicas del capitalismo norteamericano que no podemos detallar ahora, pero entre las que destaca la facilidad con la que las patronales y la burguesía en su conjunto destrozaban una y otra vez las organizaciones obreras y sindicales con conciencia política radical, condenando al socialismo y al anarquismo al ghetto universitario y frecuentemente ni a eso. En EEUU hay una vida político-radical rica, compleja y plural, y aumentan ahora las luchas obreras y populares, pero el Estado ha desarrollado un sistema tan efectivo de control y aislamiento atomizador preventivo, que es muy difícil avanzar en la unificación estratégica. También hay que tener muy en cuenta que la debilidad teórico-política de la izquierda por las derrotas sufridas refuerza el individualismo metodológico y ético-burgués imperialista que la clase dominante refuerza y readecua permanentemente.

Lo malo es que la clase dominante mundial tiene como ejemplo y modelo a seguir el yanqui, lo que se aprecia no sólo en Europa sino también en el Caribe y América del Sur y del Centro, y en el resto del mundo. Frente a esta ofensiva reaccionaria generalizada el movimiento obrero ha de recuperar los valores comunes de solidaridad, de ayuda mutua, de reconquista del tiempo propio y libre y de reducción del tiempo explotado, etc., que unieron al movimiento popular y obrero de EEUU de aquél 1º de mayo.

Tercera lección

Sin duda, la lección fundamental a extraer es la desesperada obsesión capitalista por «volver» a las formas de explotación imperantes en el pasado, y contra las que se levantó la clase trabajadora hermana de EEUU. Entrecomillamos «volver» para resaltar que en realidad se trata de ampliar, masificar y endurecer aquellas disciplinas, prohibiciones y castigos, pero con los métodos actuales, infinitamente más sofisticados y perversos. El neoliberalismo mejora las tesis maltusianas y liberales extremas de la economía vulgar burguesa, llamada neoclásica, creada para oponerse al marxismo y derrotar al movimiento obrero de la época.

Ahora, la burguesía necesita, por un lado, aumentar el desempleo y el paro permanente, el subempleo y la precarización extrema para aterrorizar a la clase trabajadora mundial, dividirla y enfrentarla con ella misma. Por otro lado, necesita aumentar el tiempo de trabajo explotado, que no sólo la intensidad de la explotación, es decir, necesita que la clase obrera produzca más en cada hora de trabajo y que también trabaje más horas, sobre todo necesita mantener el salario igual pese al incremento de la explotación intensiva y extensiva, y si puede, busca incluso reducir el salario global a pesar de que la clase obrera aumente su productividad. Por esto, la patronal siente como un ataque insoportable a su misma esencia de clase todo intento de reducción del tiempo de trabajo explotado.

Exceptuando tibias y timoratas medidas cobardes por parte de algún Estado en la recuperación de derechos básicos –el caso alemán visto– como es la reducida sanidad pública instaurada por la Administración Obama, lo que se aplica es una política con cuatro constantes: austeridad, es decir, reducción de gastos sociales vitales, de salarios directos e indirectos, de pensiones y jubilaciones, de servicios colectivos, etc. Privatización, es decir, vender todo lo público, colectivo y común a la burguesía a precio de ganga, para que pueda aumentar la tasa media de beneficio aunque sea a costa del empobrecimiento popular. Flexibilidad, es decir, destrucción de derechos sociolaborales y democráticos, derechos políticos conquistados por el pueblo trabajador, pero que dificultan los negocios burgueses. Y represión, es decir, amedrentar a las clases trabajadoras para que no se resistan y sobre todo no pasen a la ofensiva, para que malvivan en el miedo y en la obediencia acobardada.

Para combatir al monstruo capitalista de las cuatro cabezas —austeridad, flexibilidad, privatización y represión–, el movimiento obrero ha de recuperar el vital internacionalismo consecuente de la II Internacional cuando en 1889 decretó día de lucha el 1º de Mayo en agradecimiento y en honor a la clase obrera de EEUU. Hoy más que entonces, debemos actualizar en la práctica aquella decisión porque hoy el capitalismo está definitivamente mundializado y cualquier lucha obrera y popular ha de unir su reivindicación territorial, regional y nacional, con su visión mundial. El movimiento obrero consciente yanqui así lo hizo protestando una vez y siempre contra las guerras imperialistas desatadas por «su» burguesía y saliendo en defensa de los pueblos atacados por ella.

El imperialismo activa todos sus medios militares, políticos, culturales, económicos… para aplicar su estrategia de explotación mundial en las mejores condiciones de superioridad global. Por esto, el internacionalismo obrero y popular, socialista, es el componente interno que une todas las luchas de las clases y pueblos oprimidos contra el enemigo común, sabiendo que el libre desarrollo de cada nación trabajadora es la base del desarrollo de la humanidad en su conjunto. En América Latina, este internacionalismo consecuente debe materializarse en el apoyo práctico a las liberaciones de los pueblos, en las ayudas a sus gobiernos progresistas amenazados por el militarismo yanqui y sus exigencias de absorción y deglución económica, social, cultural y natural. Solamente así haremos honor a los héroes del 1º de Mayo de 1886.